Cuando el dinero viaja en bitcoin, ¿quién responde por los pesos que llegan?

Una madre entra a una oficina en Nueva York con cien dólares. Su hijo necesita pesos en Santiago para pagar la universidad. Si el operador le dice que utilizará bitcoin para hacerle llegar el dinero, ¿qué puede exigir ella al final de la operación?

La respuesta empieza en el recibo. Si la madre compró una cantidad de bitcoin y pidió enviarla a una dirección, la red permite comprobar esa transferencia. Si una empresa le ofreció entregar una suma determinada en pesos a su hijo, queda otra obligación por verificar: la entrega del dinero prometido al beneficiario.

Esta diferencia explica por qué interesa identificar al intermediario aunque la tecnología permita transferir valor entre dos personas. Una empresa puede vender el activo, otra conservarlo y una tercera pagar en efectivo. Antes de entregar los dólares, la madre debe poder identificar qué empresa asumió el pago final, cuánto recibirá su hijo y dónde podrá reclamar.

Un estudio publicado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) analizó flujos entre 184 países de 2017 a 2024. Sus autores encontraron que las transferencias pequeñas de bitcoin entre países eran más frecuentes o intensas allí donde las remesas tradicionales resultaban más costosas, un indicio de que parte de la actividad responde a necesidades de pago. Los datos no identifican la finalidad de cada envío ni cuánto recibe una familia dominicana. Estudio sobre flujos internacionales.

¿Qué sucede cuando se usa una tarjeta?

En una compra con tarjeta de crédito, el comercio pide una autorización por el precio de la venta. El emisor puede aprobarla con cargo a la línea de crédito del cliente y el comercio recibe los fondos conforme a su acuerdo de liquidación. Si surge un cargo desconocido, hay un emisor al cual dirigir la reclamación y reglas que determinan cómo se tramita.

¿A quién se le reclama si la otra parte incumple?

El riesgo de contraparte es la posibilidad de que quien recibió el dinero incumpla lo prometido. En la remesa de Nueva York a Santiago, el riesgo se concreta si la oficina recibe los cien dólares y el hijo nunca recibe los pesos. Aunque el precio del bitcoin permanezca estable, la familia sigue dependiendo de que el operador cumpla.

Con una tarjeta de crédito emitida por una entidad supervisada en República Dominicana, el titular puede reclamar ante el emisor por un cargo desconocido y consultar si procede disputarlo cuando pagó por un bien que nunca recibió. Si la entidad no responde en el plazo aplicable o el cliente discrepa de su respuesta, puede acudir a ProUsuario. El reembolso depende de los hechos, las pruebas y las reglas aplicables.

Con bitcoin enviado directamente desde una cartera propia, no hay un emisor central que reciba la reclamación y revierta una transferencia confirmada. El comprador conserva su reclamación contra el vendedor y, si hubo un intermediario, puede reclamarle por las obligaciones que este haya asumido. Si solo conoce una dirección de cartera, el registro puede demostrar que los fondos llegaron allí, pero identificar a la persona responsable y recuperar el dinero puede resultar difícil.

¿Qué ocurre si la aplicación ofrece pagar intereses por dejar allí los bitcoin? Al revisar contratos de grandes plataformas, investigadores del Instituto de Estabilidad Financiera encontraron programas en los que el cliente transfiere la propiedad de sus activos y la empresa puede prestarlos. En ese supuesto, aunque el precio del bitcoin permanezca estable, recuperar el saldo depende de que la empresa tenga fondos cuando el cliente pida retirarlo. Análisis de contratos de plataformas.

¿Puede la red atender tantos pagos como las tarjetas?

No. Con sus reglas actuales, la cadena principal de Bitcoin no puede registrar de forma sostenida una transacción independiente por cada pago con tarjeta de crédito que se realiza en Estados Unidos. La Reserva Federal estimó 67.100 millones de esos pagos en 2024: unos 183,3 millones al día, o 2.122 por segundo, en promedio.

¿Cuánto espacio haría falta para registrar cada compra? Bitcoin admite cuatro millones de unidades de peso por bloque y produce, en promedio, unos 144 bloques al día. Aun usando el mínimo de 240 unidades por transacción válida e ignorando el espacio que ocupa el propio bloque, cabrían menos de 2,4 millones de transacciones independientes en un día de 144 bloques. Para registrar por separado cada pago con tarjeta de crédito de Estados Unidos, la cadena principal de Bitcoin necesitaría más de 76 veces esa capacidad.

Ese cálculo responde a una pregunta de capacidad, no de popularidad. Una empresa puede agrupar pagos a varios proveedores en una sola transacción, y Lightning Network, una red de pagos que funciona sobre Bitcoin, permite pagar, por ejemplo, varios cafés sin registrar uno por uno en la cadena principal. No existe un conteo público completo que permita afirmar que Lightning Network ya procesa un volumen comparable al de las tarjetas estadounidenses.

¿Qué debe constar en una remesa?

La familia puede comparar dos ofertas con una pregunta: «Si hoy entrego cien dólares en total, ¿cuántos pesos podrá retirar mi hijo, a qué hora y en qué lugar?». Conviene pedir el monto neto por escrito, la vigencia de la cotización, los gastos de retiro y la identificación de la entidad que atenderá una reclamación. Si el beneficiario tendrá que vender bitcoin para conseguir los pesos, importa saber quién asume la variación de precio durante la espera.

Un estudio publicado por el BPI comparó transferencias bancarias, remesadoras digitales y envíos mediante stablecoins, activos que procuran mantener un precio de referencia. Los autores encontraron que el margen de cambio y los cargos por convertir y retirar el dinero podían encarecer la entrega final. El estudio no midió cuánto cuesta enviar bitcoin de Nueva York a Santiago, pero su método sirve para comparar dos ofertas reales: con el mismo desembolso inicial, ¿cuántos pesos puede retirar el hijo después de todos los cargos? Estudio sobre el costo total de la remesa.

¿Quién respalda el dinero que recibe la familia?

El artículo 230 de la Constitución reconoce la circulación legal y la fuerza liberatoria de los billetes y monedas emitidos por el Banco Central bajo la garantía del Estado dominicano. En la práctica, quien debe una suma en pesos puede pagarla en moneda nacional por su valor nominal, conforme al artículo 24 de la Ley 183-02. El poder de compra de esos mismos pesos puede variar con los precios.

Bitcoin carece de ese respaldo estatal. Si el hijo recibe bitcoin y su valor cae antes de que pueda convertirlo en pesos, no hay un banco central obligado a comprarle esos bitcoin al precio del envío o a cubrirle la diferencia. Distinto sería que la remesadora le hubiera prometido por escrito una cantidad fija en pesos: esa promesa se le puede reclamar a la empresa que la asumió.

La experiencia de Tesla ilustra el riesgo de conservar bitcoin en la tesorería de un negocio. En marzo de 2021, la empresa recibió US$272 millones al vender parte de sus bitcoin y reconoció US$128 millones de ganancia en esas ventas. En el primer semestre de 2022 declaró US$64 millones de ganancias por conversiones y US$170 millones de pérdidas contables por deterioro: cobrar por una venta y medir el resultado de toda la cartera son dos cuentas distintas.

¿Qué pasa si el comercio exige bitcoin y rechaza los pesos?

Supongamos que una ferretería factura RD$4,000. Una cosa es que acepte voluntariamente bitcoin por ese importe. Otra es que, llegado el día del pago, el cliente ofrezca los RD$4,000 en billetes nacionales auténticos y el comerciante los rechace por exigir bitcoin.

El artículo 80, literal c), de la Ley 183-02 sanciona la negativa a recibir billetes y monedas nacionales por su valor facial. Para examinar el caso interesan la moneda en que se pactó la deuda, el vencimiento, el dinero efectivamente ofrecido y la razón de la negativa. Un letrero que diga «aceptamos bitcoin» apenas demuestra que el negocio ofrece esa opción.

El artículo 231 de la Constitución prohíbe emitir signos monetarios sin autorización. Transferir bitcoin que ya se posee es un hecho distinto de emitir moneda o imitar billetes dominicanos; la falsificación y la circulación de moneda falsa tienen sus propios requisitos en los artículos 357 y 358 del Código Penal. Conforme al artículo 2.1 del mismo código, atribuir un delito exige identificar la conducta precisa que la ley sanciona.

¿Quién presta el servicio cuando la remesa pasa por bitcoin?

Si la madre compra bitcoin y lo envía desde su cartera, el vendedor puede haber cumplido con entregarle el activo. Pero si la oficina anuncia que, por cien dólares recibidos en Nueva York, su hijo retirará una suma fija en pesos en Santiago, esa promesa permite investigar quién presta el servicio de remesas, quién fija el cambio y con qué autorización actúa el pagador dominicano.

El artículo 29 de la Ley 183-02 reserva la compra y venta habitual de divisas a operadores autorizados. El Banco Central ha precisado que bitcoin no constituye una divisa extranjera bajo ese régimen. En cambio, allí donde el negocio recibe dólares y se obliga a entregar pesos, el uso de bitcoin entre sus operadores no elimina la necesidad de examinar el servicio efectivamente ofrecido.

Los artículos 4.c y 18 del Reglamento Cambiario de 2025 identifican a los agentes autorizados para recibir y enviar remesas. Su artículo 19.e les prohíbe servir de intermediarios a entidades que carezcan de autorización para efectuar intermediación cambiaria. Una infracción regulatoria exige su propio análisis, y la responsabilidad penal depende de que se prueben además los elementos de un delito.

¿Cuándo puede haber estafa, captación ilegal o lavado?

Si el operador exhibe una licencia bancaria falsa y logra así que la madre le entregue dinero en su perjuicio, el artículo 237 del Código Penal permite examinar una estafa. La prueba decisiva sería la maniobra que provocó la entrega: por ejemplo, el documento falso, el anuncio donde se utilizó y el recibo del pago. Un retraso en la entrega de los pesos, por sí solo, no demuestra ese engaño.

Si, además, se invita a la familia a aportar bitcoin para obtener ganancias garantizadas, interesa averiguar de dónde saldrían esos rendimientos. El artículo 240 contempla expresamente la entrega de criptomonedas en esquemas piramidales con promesas falsas y sin sustento económico real; los artículos 241 y 242 regulan agravantes y complicidad. El artículo 243 alcanza otra conducta: captar habitualmente fondos del público para cederlos a terceros sin la autorización correspondiente, como ocurriría si se prueba que una plataforma recibía dinero del público para prestarlo.

El artículo 3 de la Ley 155-17 también permite examinar el lavado cuando se convierten u ocultan bienes de origen delictivo con el conocimiento y las demás condiciones exigidas por la modalidad imputada. Un registro en la cadena ayuda a seguir el movimiento entre direcciones. Para atribuir responsabilidad a alguien hay que vincularlo con los fondos, establecer su origen ilícito y demostrar qué sabía y qué hizo.

¿Cuándo puede constituir lavado una remesa que pasa por bitcoin?

Si la madre envía dinero de su salario a su hijo, el paso por bitcoin no demuestra un origen delictivo. El supuesto cambia si un operador sabe que los dólares provienen de una extorsión y los convierte en bitcoin, enviándolos a una cartera controlada por un tercero para ocultar al verdadero dueño. La extorsión figura entre las infracciones precedentes del artículo 2, numeral 11, y la conversión consciente con esa finalidad encaja en la conducta descrita en el artículo 3, numeral 1, de la Ley 155-17.

En un boletín del BPI, los autores proponen examinar el historial público de los fondos cuando alguien solicita convertirlos en dinero bancario. Si aparece una conexión con una operación investigada, ese dato puede orientar la búsqueda de comprobantes e identidades. Para atribuir lavado a la persona que acude a cobrar, todavía habría que probar los elementos que exige la ley dominicana. Boletín sobre el origen de los fondos.

También importa quién presta el servicio. El artículo 32, numeral 3, incluye entre los sujetos obligados financieros a quienes intermedian en el canje, el cambio de divisas y la remesa de divisas; el artículo 55 les exige comunicar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones sospechosas. Para la familia, que la remesadora examine una operación o pida información sobre el origen del dinero no significa que se haya probado un delito.

¿Qué alcance tiene la advertencia de las autoridades?

El aviso del Banco Central del 29 de junio de 2017, emitido en cumplimiento de la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 22 de junio de 2017, distingue al particular que adquiere o acepta estos activos a su riesgo de las instituciones reguladas, que carecen de autorización para operar con ellos dentro del sistema de pagos dominicano. En cuanto a la Superintendencia de Bancos, su informe de avances de 2021 identifica un proyecto de instructivo sobre activos virtuales. Ese documento acredita que se trabajaba en la materia y no permite afirmar que se aprobó una prohibición penal general.

¿Qué arriesga un banco dominicano si ofrece pagos en bitcoin?

Supongamos que un banco ofrece convertir los pesos de sus clientes en bitcoin para pagar a comercios. El Banco Central ha advertido que las entidades reguladas carecen de autorización para operar con estos activos en el sistema de pagos dominicano y que su participación directa o indirecta en su comercialización puede dar lugar a sanciones. Para calificar la conducta importa saber quién ofrece el servicio, quién controla los fondos y quién asume frente al cliente la obligación de pagar.

Si se acredita una operación prohibida por ley o ajena al objeto social del banco, el artículo 68.a.4 de la Ley 183-02 permite calificarla como infracción muy grave. El artículo 70.a.1 contempla una multa de hasta RD$10,000,000 en el texto legal o la revocación de la autorización para operar. Conforme a los artículos 71 y 72, la sanción exige valorar la gravedad, tramitar el expediente y oír a la entidad; solo la Junta Monetaria decide si procede revocar la autorización.

Si los hechos ponen en grave peligro los depósitos del público, la liquidez o la solvencia del banco, el artículo 60.f contempla la regularización bajo supervisión intensiva. Si, además, un directivo aprueba a sabiendas estados financieros falsos para ocultar pérdidas, su conducta personal puede dar lugar a una imputación bajo el artículo 80.e. La responsabilidad de cada persona depende de lo que se pruebe que hizo y conocía.

¿Dónde se puede pagar con bitcoin en República Dominicana?

Un viajero puede encontrar esta opción incluso antes de llegar al país. Hi Punta Cana incluye bitcoin entre las formas de pago de sus reservas de excursiones y traslados. Condiciones de reserva, apartado de pagos.

Para una compra de menor importe, Bitcoin Plaza, de Sats4Flats, anuncia que acepta bitcoin en su cafetería, bar y puesto de comida, y para adquirir artesanías y productos locales. Su página deja abierta la cuestión de si un café se paga por la cadena principal o por Lightning Network. Servicios y formas de pago de Bitcoin Plaza.

Estos ejemplos documentan lo que ofrecen los propios comercios al ocho de noviembre de 2026. El cajero presta otro servicio: una persona puede entregar pesos para adquirir bitcoin y luego usarlo para pagar a un comerciante distinto. La aceptación voluntaria en esos establecimientos tampoco obliga a otro vendedor a recibir bitcoin ni le confiere curso legal en el país. Comunicado del Banco Central.

¿Quién responde si un cajero recibe los pesos y los bitcoin no llegan?

En agosto de 2026, Bloomberg Línea reportó 20 cajeros de criptomonedas en República Dominicana a partir del directorio privado Coin ATM Radar. En la lista de BitcoinRD del 27 de octubre conté 17 fichas, de las que el operador marcaba 16 en línea. Ambas cifras pueden incluir los mismos equipos y ninguna certifica cuántos funcionaban el día de la consulta.

BitcoinRD identifica a CTE Global Group S.R.L. como operadora de su plataforma. Sus términos indican un canal para reportar incidencias y un límite de responsabilidad declarado por la empresa; antes de entregar efectivo conviene comprobar en la pantalla o el recibo quién responde por ese equipo. Blocknance también anuncia kioscos de compraventa en el país.

Para estas dos marcas no se pudo documentar una resolución dominicana que identifique la autoridad otorgante, el número y la actividad financiera autorizada. La inscripción fiscal de una sociedad sirve para identificarla; para acreditar una autorización de cambio o remesas habría que verificar el acto correspondiente y su alcance. Fuentes: recuento nacional, mapa de BitcoinRD, condiciones de BitcoinRD, servicios de Blocknance y registro de la Superintendencia de Bancos.

¿Debería estar regulada la empresa que opera el cajero de bitcoin?

Si una empresa recibe habitualmente efectivo del público y a cambio envía bitcoin a una cartera, hay razones para exigir que se identifique al operador, se conozca al cliente según el riesgo y se puedan reconstruir las operaciones. El párrafo 71 de la guía del GAFI sobre activos virtuales contempla expresamente estos cajeros. Su operador puede ser un proveedor de servicios de activos virtuales sujeto al estándar internacional de registro o licencia y supervisión; el comercio que únicamente alquila el espacio cumple una función diferente.

En la República Dominicana, el artículo 32.3 de la Ley 155-17 ya comprende a quienes intermedian en el cambio o la remesa de divisas. Si el operador promete entregar pesos en el país a cambio de dólares recibidos en el extranjero, corresponde examinar la autorización del servicio de remesas y sus obligaciones preventivas, aun cuando utilice bitcoin para liquidar entre operadores. La mera compraventa de bitcoin por pesos requiere un análisis distinto porque el Banco Central no considera al bitcoin una divisa extranjera.

¿Quién podría incorporar a los operadores de cajeros de bitcoin como sujetos obligados?

El artículo 90 de la Ley 155-17 establece que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) tiene siete integrantes con voto. Lo preside el titular del Ministerio de Hacienda y Economía y lo integran, además, los titulares de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores. Quien dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ejerce la Secretaría Técnica y participa con voz, pero sin voto.

El artículo 32, párrafo I, faculta al CONCLAFIT para incorporar por vía reglamentaria a quienes ejerzan actividades que la ley no enumera, cuando el comité considere que presentan riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que requieren medidas de prevención. En el caso de un cajero, el comité podría evaluar el riesgo de que una persona entregue efectivo y ordene enviar bitcoin a una cartera controlada por un tercero. Si concluye que ese riesgo requiere controles, podría incluir expresamente a la persona o empresa que opera profesionalmente el equipo y ejecuta esa conversión.

Para el operador, quedar comprendido significaría asumir deberes como identificar al cliente en los supuestos aplicables, conservar los registros y reportar operaciones sospechosas a la UAF. Al 8 de noviembre de 2026 no pude verificar una disposición dominicana definitiva que haya incorporado a todos los operadores de cajeros de bitcoin por esa sola actividad. Esa incorporación tendría fines de prevención; la licencia para prestar servicios de remesas y las garantías de devolución al cliente se examinan por separado.

¿Qué han decidido los tribunales dominicanos sobre actividades vinculadas con criptoactivos?

MyTraderCoin y el derecho de las víctimas a participar en el juicio. En el proceso sobre una presunta captación piramidal promovida como inversión en criptomonedas, varios reclamantes habían quedado fuera del juicio. Las Salas Reunidas de la Suprema Corte casaron la resolución impugnada, admitieron sus querellas con constitución en actor civil y permitieron que sus pruebas documentales y testimoniales fueran valoradas en juicio. La cuestión decidida fue la participación de las víctimas; la responsabilidad penal por la captación quedaba para el tribunal de juicio. SCJ-SR-24-00173, 29 de noviembre de 2024, párrs. 29–34 y dispositivo.

World Foundation, los datos del iris y la protección del consumidor. El Tribunal Constitucional examinó el recurso de la antigua Worldcoin Foundation frente a una sentencia de amparo en un conflicto con Pro Consumidor por las condiciones del servicio de identificación biométrica. Consideró suficientemente motivada la decisión del Tribunal Superior Administrativo y rechazó el recurso en cuanto al fondo. El alcance del fallo se refiere a ese amparo y a la actuación administrativa cuestionada; la aceptación de bitcoin por un comercio era una cuestión ajena al litigio. TC/0267/26, 19 de mayo de 2026, apartados 11.33–11.34 y dispositivo.

¿Se ha reclamado la falta de regulación de los activos virtuales? Marino Marrero Báez interpuso una acción directa por alegada omisión legislativa del Congreso Nacional en esa materia. El Tribunal Constitucional informó que el expediente quedó en estado de fallo; al ocho de noviembre de 2026 no pude verificar una sentencia definitiva publicada sobre esa acción. Ficha TC-01-2025-0073 · Comunicación del tribunal sobre la audiencia.

Volvamos a la madre en Nueva York. Un comprobante con el identificador de una transacción puede servirle para demostrar que los bitcoin llegaron a una dirección. Para demostrar que su hijo recibió los pesos que le prometieron, le interesan también la oferta aceptada, el recibo que identifica al obligado y la constancia de entrega al beneficiario.

Bibliografía y fuentes para verificar el artículo

Normas dominicanas, supervisión y reclamaciones

Constitución dominicana de 2024, arts. 230 y 231. Emisión, garantía estatal y fuerza liberatoria.

Ley Monetaria y Financiera 183-02, arts. 24, 29, 60.f, 68, 70–72 y 80. Moneda nacional, intermediación y régimen sancionador.

Junta Monetaria. Reglamento Cambiario, primera resolución del 11 de septiembre de 2025, arts. 4.c, 18 y 19.e.

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Código Penal unificado, arts. 2.1, 237, 240–243 y 357–358.

Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, arts. 2.11, 3, 32, 55 y 90.

CONCLAFIT. Resolución 01-2025. Referencia institucional sobre la composición del comité.

Banco Central. Aviso sobre monedas virtuales de junio de 2017.

Banco Central. Comunicado sobre criptomonedas y activos virtuales, septiembre de 2021.

Superintendencia de Bancos. Informe de avances enero–diciembre de 2021. Proyecto de instructivo sobre activos virtuales.

Superintendencia de Bancos. Registro de entidades autorizadas a operar.

ProUsuario. Procedimiento de reclamación ante la entidad financiera y la Superintendencia de Bancos.

Jurisprudencia y expediente constitucional

Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas. SCJ-SR-24-00173, 29 de noviembre de 2024. Boletín Judicial 1368, sección Salas Reunidas, pp. 27–50. El antecedente SCJ-SS-22-1345 figura en el párr. 5.

Tribunal Constitucional. TC/0267/26, World Foundation contra Pro Consumidor. Texto íntegro, especialmente pp. 65–68.

Tribunal Constitucional. Extracto de la acción directa TC-01-2025-0073.

Tribunal Constitucional. Comunicación de la audiencia sobre la alegada omisión legislativa en materia de activos virtuales.

Pagos, capacidad de la red y riesgos financieros

Reserva Federal de los Estados Unidos. National Payment Volumes, Top-Line Data (CY 2015–24), fila de pagos con tarjetas de crédito. El promedio diario divide el dato anual de 2024 entre 366.

Bitcoin Improvement Proposal 141. Límite de peso de un bloque.

Bitcoin Core. Parámetros de consenso, incluido el peso mínimo de una transacción válida.

Bitcoin Core. Parámetros de la red principal: intervalo objetivo de diez minutos entre bloques.

River. The Lightning Network, informe de 2023 sobre el alcance y los límites de medición de pagos.

Banco de Pagos Internacionales. Working Paper 1265, DeFiying gravity? Flujos transfronterizos de bitcoin, ether y stablecoins.

Banco de Pagos Internacionales. Working Paper 1385, Competing rails for crossborder payments. Costos de remesas y conversión.

Instituto de Estabilidad Financiera. FSI Paper 27, Cryptoasset service providers as financial intermediaries. Custodia y riesgos de contraparte.

Banco de Pagos Internacionales. Bulletin 111, An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets.

GAFI. Guía actualizada de 2021 sobre activos virtuales y sus proveedores, párr. 71, operadores de cajeros.

Tesla, Inc. Formulario 10-Q del trimestre terminado el 31 de marzo de 2021, presentado ante la SEC. Venta de activos digitales y ganancia reconocida.

Tesla, Inc. Formulario 10-Q del trimestre terminado el 30 de junio de 2022, presentado ante la SEC. Conversiones y deterioro del valor.

Cajeros y comercios en la República Dominicana

Bloomberg Línea. Recuento regional de cajeros de criptomonedas en 2026, con datos de Coin ATM Radar.

BitcoinRD. Directorio de cajeros del operador. La lista es dinámica y puede variar respecto del recuento citado.

BitcoinRD. Términos de la plataforma, identificación de la operadora y condiciones de servicio.

Blocknance. Servicios de compraventa anunciados por la empresa.

Hi Punta Cana. Condiciones de reserva, apartado de métodos de pago.

Sats4Flats. Bitcoin Plaza, apartados de comercio, cafetería y formas de pago.

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