Wilfrin Rivera · Grupo Legal WilAlt
¿Una institución pública te causó un daño, te desvinculó o mantiene una deuda con tu empresa? Una reclamación bien planteada comienza por identificar la norma, la pretensión, la prueba y la jurisdicción competente.
La responsabilidad del Estado no se limita a un único tipo de conflicto. Puede discutirse una actuación administrativa que causó daños, la indemnización por privación de libertad, los derechos derivados de una desvinculación o el pago de una prestación contratada por una institución pública.
Aunque esas situaciones puedan terminar en una reclamación económica, sus fundamentos y procedimientos no son idénticos. Distinguirlos permite formular una pretensión jurídicamente coherente y evitar que una expectativa legítima se convierta en una promesa de resultado sin respaldo.
Este artículo examina siete preguntas prácticas con normas dominicanas, decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Constitucional (TC), y doctrina identificada. Cuando una sentencia solo resolvió una cuestión procesal, se precisa ese alcance para no atribuirle una condena que no pronunció.
- ¿Cuándo responde la institución y cuándo también el funcionario?
El artículo 148 de la Constitución establece la responsabilidad conjunta y solidaria de las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes por daños derivados de una actuación u omisión administrativa antijurídica, conforme a la ley. Para la actividad administrativa, el desarrollo general está en el Título IX, artículos 57–60, de la Ley 107-13, sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
El artículo 57 regula la responsabilidad subjetiva y atribuye a la Administración la prueba de la corrección de su actuación. La reclamación exige identificar la conducta, un daño real y efectivo y el nexo causal, es decir, la relación entre esa conducta y el perjuicio cuya reparación se solicita.
El artículo 59 reconoce daños patrimoniales, físicos o morales y comprende el daño emergente y el lucro cesante. El primero es la pérdida sufrida; el segundo, la ganancia dejada de obtener que pueda acreditarse, y su prueba corresponde al reclamante.
La responsabilidad personal del funcionario requiere un análisis propio. El artículo 58, párrafo II, de la Ley 107-13 exige dolo o imprudencia grave para la responsabilidad conjunta y solidaria; la posición jerárquica no demuestra, por sí sola, esos elementos ni la participación en el daño.
La sentencia núm. 68 de la Tercera Sala de la SCJ, del 29 de noviembre de 2019, examinó esa exigencia y terminó en casación con envío. Por ello, sirve para explicar qué debe probarse, pero no para afirmar que allí se fijó una indemnización definitiva; la TC/0322/14, párrafos 11.8–11.10, aporta el marco de buena administración, sin resolver esa concreta responsabilidad personal.
El régimen también contiene excepciones y límites: el artículo 57, párrafo I, permite excepcionalmente indemnizar daños de actividad lícita vinculados con riesgos o sacrificios especiales. Sus párrafos II y III regulan la fuerza mayor y la intervención culpable de la víctima, y el párrafo IV reserva los regímenes sectoriales, como el de los artículos 259–262 del Código Procesal Penal (CPP), Ley 97-25.
La profesora Aracelis A. Fernández Estrella desarrolla la lesión indemnizable, la imputación y la causalidad en el Manual de Derecho Administrativo Dominicano, tomo II, capítulo XVII, páginas 605–614 y 620–628. Esa explicación doctrinal ayuda a ordenar el análisis, pero no sustituye los hechos probados ni la norma aplicable a cada pretensión.
Reúne el acto o constancia de la omisión, su notificación, una cronología y documentos que permitan demostrar y cuantificar el daño. Si se pretende reclamar contra un funcionario, identifica su intervención concreta y el fundamento de la responsabilidad personal.
- ¿Puede reclamar quien sufrió prisión preventiva y después fue absuelto?
Existe un régimen indemnizatorio específico en los artículos 259–262 del CPP, Ley 97-25. El artículo 259 se refiere a la revisión de una condena que produce absolución o pena menor; el artículo 261 contempla otras causales vinculadas con prisión preventiva o arresto domiciliario sufridos durante el proceso.
En el artículo 261, los supuestos son que se declare que el hecho no existe, que no reviste carácter penal o que no se compruebe la participación del imputado. Por tanto, la falta de comprobación de participación merece análisis jurídico, pero debe leerse la decisión completa: una mera variación de la medida de coerción no es equivalente a una absolución por esas causas.
La SCJ-TS-22-0524, del 31 de mayo de 2022, caso Ramón Jerez Brito, reconoció un régimen objetivo de indemnización por prisión preventiva seguida de absolución. La diferencia es relevante: la privación inicialmente ordenada no tenía que haber sido ilegal para examinar el derecho a reparación bajo los supuestos de aquel régimen.
La SCJ casó la decisión que había desestimado la reclamación y envió el asunto a otra sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA). No fijó una indemnización definitiva, y su análisis utilizó los antiguos artículos 255–258; la concordancia con los actuales 259–262 es una comprobación normativa, no una interpretación que ese fallo de 2022 pudiera haber hecho de la Ley 97-25.
También debe distinguirse la revisión penal de la condena de una reclamación separada de responsabilidad. El precedente examinó la competencia del TSA para esa reclamación a partir del artículo 1, párrafo, de la Ley 13-07; la selección de la vía exige identificar qué decisión existe y qué reparación se pretende.
El artículo 260 regula la determinación del importe en la revisión favorable y los efectos de aceptar la indemnización fijada. Esa aceptación impide pretender después una cantidad superior por otra vía, mientras el artículo 262 regula la obligación del Estado y los supuestos de responsabilidad de otros sujetos, que tampoco deben atribuirse automáticamente a fiscales, jueces o denunciantes.
Víctor A. León Morel analiza el fundamento objetivo y las vías de reclamación en «El preso tiene quien le escriba», Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana 2022, páginas 222–230. En la investigación realizada no se localizó un fallo del TC que resolviera directamente el mismo supuesto indemnizatorio; esa ausencia de localización no demuestra inexistencia de jurisprudencia constitucional.
Conserva la sentencia completa, su constancia de firmeza, las decisiones de coerción, la certificación del tiempo de prisión o arresto domiciliario y la evidencia de daños adicionales. Antes de aceptar una indemnización, revisa sus efectos y cualquier reclamación previa.
- ¿Qué debe revisar un empleado desvinculado de una institución pública?
No todas las desvinculaciones producen el mismo remedio. La Ley 41-08 de Función Pública distingue categorías de servidores en sus artículos 18, 21 y 24, y establece derechos relevantes en los artículos 59 y 60; por eso, la antigüedad debe examinarse junto al nombramiento y la condición jurídica del cargo.
El reintegro, el pago de salarios, la indemnización por cese y la reparación de daños y perjuicios son pretensiones diferentes. La condición de carrera, el estatuto simplificado y los puestos de libre nombramiento no pueden tratarse como si fueran una sola categoría, ni deben trasladarse sin examen a regímenes especiales como el administrativo judicial.
Si la medida responde a una imputación disciplinaria, deben revisarse el derecho de defensa y el procedimiento del artículo 87 de la Ley 41-08, cuando ese régimen corresponda. El artículo 69.10 constitucional extiende las garantías del debido proceso a las actuaciones administrativas, mientras los artículos 9, párrafo II, y 12 de la Ley 107-13 son relevantes para motivación y eficacia del acto.
En Ramón Cabral Soto, la SCJ 033-2020-SSEN-00403, del 8 de julio de 2020, rechazó la casación contra la indemnización reconocida por el TSA conforme al artículo 60 de la Ley 41-08. La TC/0858/25, del 1 de octubre de 2025, confirmó esa decisión y examinó el régimen aplicado al servidor, sin establecer un derecho universal al reintegro.
La distinción entre una medida organizativa y una sanción tiene consecuencias para el análisis. Zulima Sánchez Sánchez estudia las garantías de la potestad sancionadora en el Manual de Derecho Administrativo Dominicano, tomo II, capítulo XV, páginas 509–522; esas garantías no permiten calificar automáticamente como sanción cualquier terminación del vínculo.
Solicita el acto íntegro y no te limites a la comunicación de cancelación. Reúne nombramiento, certificación de carrera si existe, historial de servicio, notificación y expediente disciplinario cuando lo haya, para definir oportunamente las pretensiones.
- ¿Qué puede hacer una empresa que suministró materiales o prestó servicios al Estado y no ha cobrado?
La empresa que suministra materiales gastables o presta servicios de supervisión de obras al Estado debe poder demostrar qué se contrató, qué cumplió y por qué el saldo es exigible. La factura forma parte del expediente, pero debe conectarse con la formalización de la contratación, la prestación y las condiciones de pago.
La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas exige verificar capacidad, calificación y ausencia de prohibiciones, además del Registro de Proveedores del Estado cuando corresponda: artículos 37–41. Estar inscrito no sustituye los demás requisitos ni acredita, por sí solo, una deuda.
Los artículos 132–135 regulan la formalización: conserva el contrato escrito o, si la modalidad lo permite, la orden de compra o de servicio debidamente notificada. El artículo 180 del Reglamento aprobado por el Decreto 52-26 precisa el contenido de esas órdenes; no debe afirmarse que siempre se necesita un contrato bilateral separado de ellas.
El artículo 134, párrafo III, impide a la institución exigir o recibir prestaciones sin cumplir previamente las formalidades, el registro cuando corresponda y el anticipo pactado. Si el proveedor ya ejecutó y no conserva estos documentos, debe recabarse y examinarse el expediente antes de concluir qué reclamación es viable.
Antes del procedimiento, el artículo 93 exige la certificación de apropiación presupuestaria, publicada con la convocatoria en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Antes de formalizar el contrato u orden, el artículo 136 requiere el certificado de disponibilidad de cuota para comprometer, con las excepciones y reglas plurianuales de los artículos 94 y 136.
Para comprobarlo, localiza el procedimiento por su referencia e institución y revisa sus documentos presupuestarios y contractuales en el SECP; si falta una certificación, solicítala a la institución. La apropiación acredita respaldo presupuestario y la cuota habilita comprometer el gasto; como conclusión práctica del régimen y del manual, ninguna acredita que ya se haya realizado el depósito al proveedor.
En suministros, organiza órdenes, cantidades y comprobantes de entrega; en supervisión de obras, alcance, períodos, informes y aceptación de los entregables. Los artículos 143 y 156 de la Ley 47-25 regulan supervisión y constatación del cumplimiento mediante recepción conforme; supervisar no equivale a ejecutar la construcción.
Presenta el requerimiento de pago ante la institución contratante, por el canal contractual correspondiente, identificando contrato u orden, facturas, recepción, condición cumplida y saldo, y conserva prueba de su recepción. El Manual General de Procedimientos Ordinarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), apartado 4.3.4, sitúa la revisión y tramitación en la Dirección Administrativa y Financiera o equivalente, con recepción conforme previa para facturas distintas de anticipos.
El artículo 148, párrafo III, concede a la institución un máximo de treinta días desde que se haya generado la condición de pago prevista en el contrato y se haya presentado el requerimiento correspondiente. No basta contar desde la emisión de cualquier factura; vencido el plazo, el texto contempla los intereses por mora previstos en el contrato, sin establecer aquí una tasa uniforme.
Si la demora supera tres meses, el artículo 148, párrafo IV, permite suspender la ejecución mediante comunicación motivada a la institución; si supera cinco meses, permite requerir la rescisión e indemnización por daños y perjuicios. Estos derechos no significan que el contrato se extinga automáticamente o que los daños se paguen sin sustento.
El artículo 158 exige que la solicitud de rescisión esté motivada, documentada y acompañada de la indemnización propuesta, y establece quince días hábiles para que la máxima autoridad decida desde su notificación. Debe distinguirse esa solicitud del supuesto de renuncia a la ejecución por demora mayor de ocho meses del artículo 157.3; la diferencia entre ambos textos exige examinar la pretensión concreta.
INFOPAGO, formalizado por la Resolución PNP-02-2026, permite seguir etapas del pago para registros comprendidos en la integración del SECP con el sistema financiero estatal. Su información oficial advierte que no aprueba ni ejecuta pagos y no constituye un canal de reclamaciones entre proveedores e instituciones.
Por eso, consultar INFOPAGO ayuda a identificar en qué fase aparece el expediente, pero no reemplaza el requerimiento ni prueba por sí solo que una deuda inexistente en pantalla no exista jurídicamente. Esa conclusión resulta de los límites de cobertura del sistema; la reclamación debe dirigirse a la institución y sustentarse documentalmente.
Para contratos administrativos de obras, suministros y servicios sujetos a la Ley 47-25, el artículo 53, párrafo III, atribuye competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa; los contratos privados tienen la distribución del artículo 54. El artículo 161 permite mecanismos alternativos para controversias de ejecución elegibles cuando estén previstos en los pliegos y el contrato, sujetos a las condiciones reglamentarias.
Antes de aplicar estas reglas, verifica la fecha de convocatoria: el artículo 245 de la Ley 47-25 y el artículo 16 de la Resolución PNP-01-2026 conservan el régimen anterior para procedimientos convocados antes del 29 de enero de 2026. Esa continuidad comprende contratación, ejecución, recepción, liquidación y controversias; la fecha reciente de una factura no transforma por sí sola el régimen del contrato.
En SCJ-PS-23-1894, del 31 de agosto de 2023, sobre Prieto Nouel Electromecánica, la Suprema Corte de Justicia reconoció competencia civil para contratos históricos específicos de suministro e instalación de aire acondicionado. La TC/0475/25 declaró extemporánea la revisión constitucional, sin decidir nuevamente la deuda ni interpretar la Ley 47-25.
Este precedente debe leerse dentro de su régimen temporal, sin desplazar la regla actual del artículo 53. Fernando Paíno Henríquez Dájer explica las cláusulas y prestaciones contractuales en el Manual de Derecho Administrativo Dominicano, tomo II, capítulo XIII, páginas 395–402; esa doctrina de 2024 se utiliza con la actualización normativa aquí indicada.
Expediente de cobro: pliego y adjudicación, contrato u orden notificada, certificaciones presupuestarias, entregas o informes, recepción conforme, facturas, saldo y requerimientos recibidos. Con esa documentación se puede determinar la exigibilidad, los intereses y la vía procedente; no debe prometerse un resultado sin revisar el caso.
- ¿Qué pueden reclamar los empleados desvinculados del Poder Judicial?
La pregunta incluye personal administrativo, técnico y de apoyo, también del Registro Inmobiliario. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) es el órgano de administración y disciplina del Poder Judicial, conforme al artículo 156 constitucional y a los artículos 2, 3 y 8 de la Ley 28-11; deben distinguirse sus actos administrativos de las decisiones jurisdiccionales de la SCJ.
El artículo 145 de la Constitución protege la función pública. Para el ámbito administrativo judicial deben examinarse el Reglamento de Carrera Administrativa Judicial, aprobado por Resolución 22/2018, y sus modificaciones y efectos constitucionales; si existe un procedimiento disciplinario, también la Resolución 02-2024, artículos 1–3, 58 y 60, con su regla temporal de aplicación.
La TC/1115/23, del 27 de diciembre de 2023, anuló la expresión «sin causa justificada o» del artículo 74 de la Resolución 22/2018. La decisión protege la estabilidad de los empleados de carrera y deja una redacción vinculada con supresión del puesto, imposibilidad material de reubicación y los restantes requisitos del artículo; no debe citarse hoy la frase anulada como autorización vigente de cese.
Un caso concreto de indemnización es Manuel Sierra Fabián, identificado en el expediente como encargado de transportación. Según la TC/0045/26, la Quinta Sala del TSA, el 17 de noviembre de 2023, condenó al CPJ a RD$627,759.36 conforme al artículo 60 de la Ley 41-08, y rechazó separadamente daños y perjuicios y astreinte.
La SCJ-TS-25-1964, del 30 de junio de 2025, rechazó la casación del CPJ. La TC/0045/26, del 19 de febrero de 2026, confirmó esa sentencia de la SCJ, dejando subsistente la condena del TSA; la confirmación directa recayó sobre la SCJ y no sobre una sentencia de amparo del TSA.
La TC/1115/23 y la TC/0045/26 resuelven cuestiones diferentes: una controla una disposición reglamentaria y la otra revisa una decisión jurisdiccional. Ninguna autoriza a presumir idéntica indemnización para todos los empleados, responsabilidad personal del presidente del CPJ o pago efectivo sin constancia documental.
Los casos de registradores antes investigados —SCJ-TS-23-0900, SCJ-TS-23-0015 y SCJ-TS-23-0033— permanecen como antecedentes complementarios y terminaron en casación con envío. La SCJ-TS-23-0460, relativa a otro empleado judicial, aporta además un criterio sobre disponibilidad de la prueba; tampoco es una condena indemnizatoria definitiva.
Identifica nombramiento, condición de carrera, órgano que decidió, causa y fecha del acto, y remedio solicitado. El régimen de los jueces debe tratarse separadamente, y el análisis del caso Sierra Fabián no sustituye esa clasificación.
- ¿Qué documentos y plazos son decisivos?
Una cronología verificable debe reunir la actuación, su notificación, la manifestación del perjuicio, las solicitudes y los recursos. Los documentos permiten determinar qué pretensión existe y bajo qué norma debe formularse, además de verificar si el reclamo se presentó oportunamente.
El artículo 60 de la Ley 107-13 establece una prescripción de dos años para la reclamación patrimonial, con reglas sobre producción del daño, manifestación de sus efectos, daños continuados y actos declarados ilegales por sentencia firme. Ese plazo no sustituye el de impugnación del acto ni autoriza a esperar dos años para interponer cualquier recurso.
El artículo 5 de la Ley 13-07 contiene la regla general de treinta días para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, vinculada con notificación, publicación o los supuestos de retardación o silencio previstos en la norma. El cómputo concreto exige revisar la pretensión, la notificación y las reglas sectoriales o de recursos previos, sin ofrecer un plazo universal para toda reclamación.
La SCJ-TS-22-0110, del 25 de febrero de 2022, explica por qué un reclamo patrimonial accesorio no puede utilizarse para eludir las consecuencias de no impugnar oportunamente el acto principal. El fallo contiene una discordancia al mencionar un año respecto del artículo 60; el texto de la Ley 107-13 establece dos, por lo que no debe repetirse aquella cifra como norma vigente.
En SCJ-TS-23-0460, del 28 de abril de 2023, sobre Julio E. Soto de la Rosa y el CPJ, la SCJ examinó la carga dinámica de la prueba atendiendo a la disponibilidad institucional de un acta. Ese criterio permite valorar quién está en mejores condiciones de aportar un documento, pero no elimina la obligación del reclamante de probar el daño conforme al artículo 59 de la Ley 107-13.
La TC/0475/25 ofrece un ejemplo de revisión constitucional declarada tardía, con un objeto y plazo distintos de la demanda inicial. Mery Laine Collado Tactuk analiza la distinción entre reclamación accesoria y autónoma en el Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana 2022, páginas 232–233, incluida su nota 9.
Conserva los documentos completos y constancias de recepción, no solo capturas aisladas. Lleva a la consulta una lista de fechas y de documentos que aún obren en poder de la institución, para definir cómo solicitar su incorporación.
- ¿Qué instituciones públicas pueden enfrentar un embargo por deudas laborales?
Obtener una sentencia favorable y hacerla cumplir son etapas distintas. Para cobrar salarios o prestaciones de una institución pública, deben identificarse el régimen del trabajador, el contenido de la condena, las notificaciones y la firmeza y ejecutoriedad del fallo.
Existen decisiones que reconocen excepciones a la inembargabilidad para proteger créditos salariales y laborales. INPOSDOM, INESPRE y Banco Central ofrecen ejemplos concretos; no constituyen una lista cerrada de entidades ni una autorización general para afectar cualquier bien o cuenta.
Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM): el Tribunal Constitucional (TC), mediante TC/0170/16, estableció una excepción a la inembargabilidad de sus bienes para créditos salariales o laborales reconocidos por sentencias irrevocables.
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE): la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en su sentencia del 15 de febrero de 2017, admitió el embargo retentivo de fondos depositados en Banreservas para satisfacer créditos laborales sustentados en una sentencia irrevocable. Banreservas intervenía como tercero embargado; INESPRE era la entidad empleadora deudora.
Banco Central de la República Dominicana: la SCJ, en su sentencia núm. 16 del 8 de febrero de 2012, sostuvo que la inembargabilidad de su patrimonio no podía oponerse al crédito salarial judicialmente reconocido de una trabajadora. Casó con envío, por lo que ese resultado no acredita por sí solo el pago.
El artículo 731 del Código de Trabajo sustenta la excepción para créditos de trabajadores judicialmente reconocidos dentro de su ámbito de aplicación. El Principio III distingue las relaciones laborales sometidas a ese código de los regímenes estatutarios de función pública, por lo que no toda reclamación de un servidor público recibe automáticamente el mismo tratamiento.
Poder Judicial: SCJ-TS-23-1112, párrafo 56, declara inaplicable el mecanismo del artículo 4 de la Ley 86-11 por su autonomía constitucional y el ámbito del precepto. Es un fundamento distinto y no declara embargables todas sus cuentas. Los párrafos 57–60 remiten las controversias sobre ejecución y modalidad de pago al órgano jurisdiccional competente, con audiencia de las partes.
TC/0892/26 recoge el desistimiento y archivo de la revisión relativa al caso del Poder Judicial. No confirmó ese razonamiento en cuanto al fondo ni acredita por sí sola que el dinero fuera desembolsado.
Antes de ejecutar, revisa el régimen del trabajador, la firmeza y ejecutoriedad de la sentencia y los bienes o fondos concretos. Las cuentas destinadas al pago de salarios conservan la protección del artículo 3, párrafo, de la Ley 86-11. En SCJ-TS-24-1267, párrafos 24–29, se distingue además a la Tesorería Nacional de una entidad de intermediación financiera y se rechaza imponerle la retención como tercero embargado en el supuesto examinado.
La Ley 86-11 conserva reglas sobre fondos públicos y cumplimiento presupuestario, examinadas en TC/0048/15 y TC/0374/20. El artículo 4 prevé inclusión en el ejercicio siguiente cuando concurren sus supuestos y ámbito institucional; los precedentes laborales deben analizarse junto con ese régimen, sin presentar como criterio mayoritario los planteamientos de votos separados.
La ejecución integra la tutela judicial efectiva, conforme a TC/0110/13, párrafo 10.16. Rafael Vásquez Goico estudia la ejecución y el mecanismo presupuestario en el Manual de Derecho Administrativo Dominicano, tomo II, capítulo XVIII, apartado V.B.6.2, páginas 670–674; ese tratamiento doctrinal debe contrastarse con el precedente y las circunstancias de cada reclamación.
Para evaluar el cobro, lleva la sentencia íntegra, sus notificaciones, las decisiones sobre recursos, constancias de firmeza o ejecutoriedad y requerimientos de pago. Identifica la entidad empleadora y los fondos sobre los que se pretende ejecutar; no confundas sentencia, acuerdo y pago efectivamente acreditado.
Cómo preparar una consulta útil
Una consulta sobre responsabilidad estatal debe empezar por una pregunta concreta: qué ocurrió, qué derecho se considera afectado y qué se busca obtener. Presentar una cronología y documentos completos permite diferenciar anulación, reintegro, indemnización, cobro contractual y ejecución, en lugar de reunirlos bajo una demanda genérica de daños.
Si necesitas evaluar una desvinculación, una privación de libertad, una deuda contractual o el cumplimiento de una sentencia, puedes solicitar una consulta por los canales de contacto de Grupo Legal WilAlt. La evaluación requiere revisar el expediente; evita publicar documentos o datos personales en comentarios de redes sociales.

